¿Hasta dónde llega el asistencialismo y en qué lugar comienza la promoción social? Es lo que debemos preguntarnos cuando el presidente Gustavo Petro propone pagar a jóvenes involucrados en la criminalidad en el Distrito de Buenaventura.
Es loable desde todo punto de vista y estoy seguro que es un gesto del mandatario para contribuir a mitigar las condiciones de violencia que se viven actualmente en el Pacífico colombiano.
Sin embargo, es necesario estructurar esa propuesta dentro de un programa que transcienda el asistencialismo y que edifique las bases de un verdadero impacto social en una comunidad que requiere formación en valores humanos y resolución de conflictos.
Debe propiciarse un programa de emprendimiento y empleabilidad que afiance la práctica del diálogo social y el crecimiento económico.
Debe involucrarse al Sena, al Icbf, a la Universidad del Pacífico, entre otras, entidades que cuentan con una oferta de servicios que de manera concertada pueden ejecutar proyectos productivos para el bienestar de la población.
El país tiene amplia experiencia en este tipo de iniciativas en programas exitosos como “jóvenes en acción” y “fondo emprender” en los que se “siembra una semilla” de reconciliación y se impulsan nuevas empresas de todo tipo a partir de la educación técnica, tecnológica y profesional con aportes en capital de trabajo que apalancan ideas exitosas de negocios.
Buenaventura requiere con urgencia una intervención social que no se limite simplemente a entregar unos recursos, lo que puede terminar siendo un mensaje mal entendido, por una juventud que espera mucho del estado que es impotente frente al cúmulo de necesidades de una población sin oportunidades. Este puerto sobre el Pacífico que produce riqueza para toda la nación no resiste más paros cívicos ni mucho menos mayor confrontación que la actual en donde lo que se disputan las bandas criminales es el territorio y la distribución de estupefacientes. Hay que actuar ahora con programas integrales públicos y de la mano del sector privado que erradiquen la violencia y también la desigualdad.
Activar con todas las instituciones gubernamentales de manera articulada la atención a las víctimas de la violencia, a las madres cabeza de familia, a los jóvenes en estado de vulnerabilidad, a la orientación ocupacional a los desempleados e iniciar un programa de paz entre las facciones enfrentadas para desarmar las estructuras delincuenciales que se sometan al imperio ley. La fuerza pública debe cumplir eficazmente con su misión para garantizar la autoridad y el orden en los territorios generando condiciones de convivencia en la ciudadanía, al mismo tiempo que ofrecer garantías de todo orden a los inversionistas que encuentran en la actividad portuaria un escenario propicio para el comercio internacional.
Creo que hoy más que nunca hay que pensar en los bonaverenses, quienes están impotentes ante la crueldad de los enfrentamientos que no les permite su movilidad social y económica e interfiere en su diario vivir por cuanto además de las llamadas “barreras invisibles” a las que tienen que someterse permanecen en un estado de zozobra y angustia que paraliza el transcurrir normal de su vida en sociedad. Este es el momento de devolverle a los porteños sus anhelos y esperanzas para gozar de una tierra próspera llena de oportunidades para el desarrollo social, cultural y empresarial.
Todos por Buenaventura.
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